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Noticias Argentinas difundió que Granja Tres Arroyos SA, la empresa de mayor tamaño del principal grupo avícola del país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores en medio de una crisis financiera y operativa marcada por el crecimiento de sus deudas, cheques rechazados y una caída de la producción.
La presentación tramita ante el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, y se suma al procedimiento iniciado previamente por Wade SA, otra de las compañías que integran el grupo Granja Tres Arroyos (GTA).
La avícola atraviesa desde hace varios años un escenario de dificultades financieras y productivas. Según la información disponible, varias de las plantas del grupo se encuentran paralizadas o trabajan por debajo de su capacidad, mientras la compañía avanzó con una reducción de su estructura laboral.
Uno de los últimos ajustes se produjo en la planta de Capitán Sarmiento, donde fueron desvinculados 700 trabajadores.
En los telegramas de despido, la empresa argumentó que atravesaba “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.
En el frente financiero, el grupo enfrenta un pasivo total estimado en US$350,9 millones, que busca reestructurar mediante el concurso preventivo de acreedores, a través de negociaciones que podrían incluir quitas y planes de pago de largo plazo.
Las dificultades se habían profundizado a fines de 2024, cuando la compañía ingresó en un procedimiento preventivo de crisis. Desde entonces avanzó con recortes internos, implementó un programa de retiros voluntarios y comenzó a afrontar determinadas obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.
La situación de Granja Tres Arroyos SA también se refleja en sus compromisos financieros. De acuerdo con los registros del Banco Central (BCRA), la compañía acumula 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones.
A esa cifra se suman deudas bancarias superiores a $41.827 millones, en un contexto en el que la empresa busca reordenar sus pasivos y sostener su operación a través del proceso concursal.